POLITICA MINERA

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¿Un futuro preocupante?

18 October 2022

El rechazo de importantes proyectos mineros, no obstante haber cumplido toda su tramitación, evidencia una compleja relación con los organismos públicos para obtener autorizaciones ambientales y permisos para operar, que resulta aún más agobiante en un contexto de volatilidad de precio internacional de los productos y alza de costos.

Recientemente una prestigiosa agencia internacional alertó que se “están borrando los últimos rastros de reputación de Chile como el más estable de América Latina”. Una afirmación lapidaria y que se agrega a lo informado por importantes bancos y agencias mundiales que han rebajado la calificación de riesgo de nuestro país. Hoy, según el FMI, Chile sería la única economía de la región con una caída de su PIB en 2023.

La razón de este sombrío panorama tiene múltiples explicaciones. Algunos estiman que este deterioro de Chile viene desde hace varios años, mientras que otros afirman que se acentuó a partir de los violentos acontecimientos de octubre de 2019 y que sorprendieron a muchos analistas internacionales, ya que el país dejó de ser “la joya” de Latinoamérica.

Hoy, después de una pandemia, de la asunción de un nuevo gobierno con un sello reformista y el resultado negativo de la Convención Constitucional, enfrentamos un periodo complejo y desafiante para nuestra industria y el país en su conjunto.

En lo relativo a la industria minera, hemos enfrentado los últimos años, especialmente durante el funcionamiento de la Convención, un sistemático proceso de cuestionamiento de nuestra actividad y desconocimiento de nuestro aporte al desarrollo económico y social del país.

Durante la parte más dura de la actual pandemia, nuestra industria mantuvo su continuidad operacional con el apoyo de sus trabajadoras y trabajadores, que demostraron ser una fuerza laboral madura y comprometida.

Sin embargo, ello no fue reconocido por algunos de los convencionales que plantearon una serie de iniciativas que ponían en duda el desarrollo de nuestro sector y, por ende, provocaron que los inversionistas miraran con recelo lo que estaba ocurriendo en Chile. Si bien ninguna de esas iniciativas prosperó, el daño a la confianza de los inversionistas ya estaba hecho.

El resultado del plebiscito del 4 de septiembre no ha traído calma y la incertidumbre sigue estando presente en la agenda. Junto a los ya evidentes signos de recesión económica, con alta inflación y caída de inversión, esto ha generado un nuevo escenario político en el país, que espera la definición de un procedimiento adecuado para la conclusión del proceso constitucional que sea a la vez eficiente y moderado, pero que también requiere una conducción clara y decidida para los problemas inmediatos.

A las dudas de cómo continuará el proceso constituyente y cuál será su extensión, se suma el

proyecto de Reforma Tributaria y, en particular, el royalty minero, que resulta dañino y una mala señal para los inversionistas, especialmente en lo relativo al componente ad valorem del royaty propuesto y al tratamiento tributario de las inversiones y sus efectos. La iniciativa, además, se presenta y evalúa en un escenario de estancamiento de nuestra producción de cobre, que se mantiene sin crecimiento significativo desde hace casi 18 años y que incluso, hasta julio de este año, tiene una reducción de más de 6% respecto del año anterior.

También más recientemente ha tomado mucha relevancia la insostenible situación de inseguridad frente a acciones delictuales, algunas con grave amenaza a la vida de trabajadores y de pequeños mineros. La sensación de inseguridad es inquietante y afecta la confianza de nuestros asociados y sus colaboradores, y por cierto de la población en su conjunto.

En cuanto a nuevas inversiones, el rechazo de importantes proyectos mineros, no obstante haber cumplido toda su tramitación, evidencia una compleja relación con los organismos públicos para obtener autorizaciones ambientales y permisos para operar, que resulta aún más agobiante en un contexto de volatilidad de precio internacional de los productos y alza de costos.

Creemos que es prioritario incrementar la inversión, más aún en un periodo económicocomplejo como el que el que se avecina. Para ello, es central y necesario hacer una profunda revisión del sistema de autorizaciones ambientales y sectoriales. El sistema actual no otorga la certeza requerida, ya no solo para autorizar un proyecto, sino también para ejecutarlo después. Hay medidas que podrían implementarse más rápidamente que otras, incluso sin necesidad de reforma legal; pero es indispensable una decisión de las autoridades para avanzar.

Junto con esto, el régimen tributario debe considerar que se trata de una industria intensiva en inversiones y reinversiones, manteniendo y profundizando los mecanismos para su reconocimiento. Sobre esta base, se debiera explorar otras alternativas para incrementar la recaudación tributaria, como por ejemplo adecuar el actual impuesto específico a la minería, precaviendo factores que ponen en riesgo la continuidad de las operaciones menos eficientes y permitiendo la deducción de la depreciación y los gastos de organización y puesta en marcha.

Como lo hemos señalado reiteradamente, tenemos proyectos por más de US$ 70 mil millones y algunos de ellos podrían entrar en producción en plazos relativamente breves, pero necesitamos certezas para que puedan realizarse, y esas señales son urgentes para poder enfrentar el complejo escenario económico que se avecina para 2023. La minería puede jugar un rol relevante para retomar el crecimiento, y solo necesita crecer para jugar ese rol.


Fuente: El Mercurio